El blog Celendín
Libre publicó el artículo de la abogada Mirtha Vásquez (Cajamarca) que nos
recuerda un grave ecocidio planeado por Alan García y Odebrecht: la mega hidroeléctrica Chadín II que,
entre otras afecciones, inundará poblados de Amazonas y Cajamarca: extensión
equivalente a tres veces el distrito de San Isidro en Lima. La obra está detenida,
pero sabiendo la telaraña de corrupción de Odebrecht con peruanos, vale la pregunta ¿qué negoció Alan con este proyecto? Acá les dejo el artículo de Vásquez que nos hace mirar el problema no solo con ojos limeños:
Odebrecht:“Ecocidio por Corrupción” 18 enero, 2017
Si al país le
escandaliza que una empresa como Odebrecht haya llegado a ser beneficiada con
tantos millonarios megaproyectos en el Perú solo por corrupción, a la gente que
vive en estos lugares donde se ejecutaban o se tenía previsto hacer los mismos,
los indigna profundamente.
Así, con una frase los campesinos y pobladores de las comunidades en
Cajamarca han resumido el escandaloso caso de corrupción de la empresa
Odebrecht.
Desde hace años la gente afectada por los megaproyectos mineros,
energéticos y viales, cuestiona la imposición de los mismos dados sus altos
costos territoriales, ambientales y sociales. El discurso de cada gobierno ha
sido prácticamente el mismo: Desarrollo y crecimiento para el país. La
población por supuesto nunca se ha creído este discurso, más bien siempre ha sospechado
de los intereses empresariales y corrupción detrás de ellos; sin embargo, la
magnitud y las conexiones en las que se sostenía, apenas se empiezan a
descubrir ahora.
En Cajamarca apenas se empieza a atar cabos. Se sabía de la empresa
Odebrecht y sus millonarios contratos con su principal socia en la región,
Minera Yanacocha, a quien le ha hecho múltiples trabajos de infraestructura
minera desde el año 1996. Le construyó obras en cada una de sus minas, accesos,
y se había hecho de la construcción de la primera etapa del proyecto minero
Conga por más de 500 millones de dólares. Simultáneamente a este último
encargo, en junio del 2010 el ex Presidente Alan García firmaba el acuerdo
hidroenergético Perú-Brasil, con el que se autorizaba el represamiento de
varios ríos. Incluso emitió antes de irse del gobierno el Decreto Supremo
020-2011-EM, que declara de interés nacional y social la construcción de 20
centrales hidroeléctricas en el río Marañón.
Por supuesto la población se preguntaba por las razones de este acuerdo,
los objetivos del mismos, ¿sería acaso que estos represamientos y las
hidroeléctricas resolverían el problema de los miles de pueblos que aún carecen
de electricidad? porque el costo iba a ser alto, poblaciones desplazadas,
actividades económicas tradicionales eliminadas, pueblos inundados, pérdida de
recursos ambientales valiosos, y finalmente la muerte del río.
Pronto se fueron absolviendo tímida y solapadamente estas interrogantes.
La energía no era para resolver las carencias energéticas del país, era para
exportarla al Brasil; la energía no era para los pueblos, era para proveer mega
proyectos como Conga y otros que se encuentran en el norte del país. El sucesor
de Alan García, Humala, lo confesó abiertamente en la 39va. Convención Minera
Perumin.
Los nexos se empezaban a notar, los intereses empresariales salían a la
luz, los beneficios mutuos y trueques de los grandes socios (Odebrecht-
Yanacocha) se evidenciaban ¿Era por el desarrollo del país que a estas transnacionales
querían construir estos proyectos?
Así como descubrimos que, los famosos proyectos de la IIRSA que
promovían una supuesta integración vial, no partieron de una necesidad del
Estado sino de una propuesta de Odebrecht, hoy tenemos más claro que las
hidroeléctricas o proyectos mineros como Conga también partieron de este
interés particular de empresas hoy altamente cuestionadas.
El costo, social y ambiental de la imposición de estos proyectos no
importaba, la gente puede ser desplazada, puede quedarse sin tierra, sin agua,
los ríos pueden ser destruidos, las fuentes de agua desaparecidas. Y todo,
absolutamente todo, por la corrupción.