ALAN
El miércoles
dirigentes de la CGTP (Confederación
General de Trabajadores del Perú) y trabajadores de construcción civil
marcharon hacia la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) para quejarse por los asesinatos de sus compañeros (van 9 víctimas) y para pedir que el Gobierno enfrente a esas mafias que enlutan
a todos los peruanos.
El Secretario General de la CGTP, Mario Huamán, nos contó entre otras cosas que el gran responsable de los últimos asesinatos del sicariato en Perú sería el ex presidente, ex prófugo y actualmente cuasi acusado, Alan García Pérez con sus narco indultos. Acá el vídeo:
MARTHA
La marcha hacia
la OIT había sido promocionada, también, contra la designación de la
congresista Martha Chávez en la subcomisión de DDHH en el Congreso; pero como
esta designación —en el momento de la marcha— ya estaba anulada, no salió a
relucir en la protesta. Sin embargo, aproveché la presencia de la CNDDHH, encabezada por Rocío Silva
Santisteban (apoyaron la marcha), para preguntarles por la Chávez y por su
amenaza de investigar a la CVR (Comisión de la Verdad y Reconciliación) que,
según la congresista fujimorista, no sirvió para nada salvo para gastarse 20millones de dólares.
En el siguiente vídeo va la respuesta del Secretario Ejecutivo Adjunto de la CNDDHH, Miguel Jugo y, también, algunos comentarios de jóvenes de distintos colectivos, grabados dos días antes en otra protesta contra la mentada congresista:
El cobro de
cupos con sicariato incluido y el tratar de tumbarse el informe de la CVR son, aparentemente,
dos hechos inconexos, pero en realidad parecen estar fusionados. ¿Pero qué los fusiona
y quiénes son sus protagonistas? El aprismo y el fujimorismo contra la CVR + los narcoindultos + las elecciones presidenciales del 2016.
La CVR investigó
la nefasta época del conflicto armado en
Perú, desde el año 1980 al 2000. Por lo tanto, son el aprismo de Alan y el fujimorismo
del Chino, presidentes de Perú en aquellos años, los directos responsables
de uno de los tiempos más trágicos de nuestra nación y por lo que, en busca de
justicia, la CVR investigó a profundidad y con mucha seriedad; si se
desprestigiara su informe el fujimorismo lograría esconder, en gran medida, su
hoja delictiva. Lo lograría, por lo menos, ante los jóvenes votantes para el
2016 y que no conocieron la corrupción fujimorista.
Es la misma estrategia (entre muchas más) que utilizó Alan para hacerse presidente de Perú por segunda vez el 2006 (manejar la mala memoria de los peruanos y a los jóvenes que no conocieron la corrupción de su 1er periodo). Por otro lado, si se desprestigia el informe de la CVR, el fujimorismo cobraría mayor fuerza y podría ayudar mejor al aprismo con respecto a los narcoindultos (estos pueden hundir a Alan y no te olvides que están relacionados con los asesinatos que aclara Mario Huamán).
Entonces, es comprensible por qué estos dos partidos políticos quieren tumbarse la investigación de la CVR. Y aunque parezca, a simple vista, que solo conviene al fujimorismo, no se engañen, no es así. Estos dos partidos siempre juegan, se protegen, se regalan votos y denigran a sus víctimas, en pared. Viven en el mismo juego.
Las alianzas y el pánico del aprafujimorismo a la VERDAD, a la JUSTICIA y a la DIGNIDAD, no son casualidad. Ese pánico lo puedes leer en algunos párrafos del discurso de Salomón Lerner Febres, ex presidente de la CVR, el día que presentó el informe final de la investigación y que vale recordar:
Ahora bien, tanta muerte y
sufrimiento no se pueden producir y acumular, por el solo accionar mecánico de
los miembros de una institución o de una organización. Se necesita, como
complemento, la complicidad, la anuencia o, al menos, la ceguera voluntaria de
quienes tuvieron autoridad y, por tanto, facultades para evitarlos. La
clase política que gobernó o tuvo alguna cuota de poder oficial en aquellos
años tiene grandes y graves explicaciones que dar al Perú.
No estamos ante una fatalidad,
como pudiera ser el caso de una desgracia natural, sino ante una injusticia,
que pudo y debió ser evitada.
En un sentido estrictamente
penal, la responsabilidad recae sobre los directos causantes de los hechos
delictuosos, sobre sus instigadores y cómplices, y sobre aquellos que, teniendo
la potestad de evitarlos, eludieron su responsabilidad. Ellos deberán, pues,
ser identificados, procesados y condenados con todo el rigor de la ley.
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