Traición a Perú: Convenios entre la policía y las empresas extractivas

La minera Las Bambas pagó más de S/. 4 millones (en dólares $1’242,816.25) por tener la policía peruana (PNP) a su servicio del 2015 al 2018. Para colmo, en son de burla y frescura Confiep, estos efectivos que dejan de servir al pueblo peruano mientras trabajan para estas empresas privadas, lo hacen con la dotación de uniformes, armas y accesorios que el Estado les da, o sea con el dinero de todos los peruanos. 

Según un informe de EarthFlights International, IDL y la CNDDHH, de los 138 Convenios solo 6 estipulan que los efectivos deben usar arma particular.

Según esta investigación, la PNP ha cobrado del 2010 al 2018 —por este trabajo llamado “Servicios Policiales Extraordinarios”— más de 45 millones y medio de soles (en dólares son casi $15 millones). El año que más cobró la PNP o dejó se servir a los peruanos fue el 2017, con el lobista y expresidente PPK.  

Este informe ha logrado identificar Convenios suscritos desde el año 1995. Hace más de 20 años existe un marco legal para estos híbridos pactos. Allí está el problema, que los intereses privados sean parte y tengan prioridad en las políticas públicas de Perú. Que se haya institucionalizado el poder del dinero en el interés público, que sea la estrategia de este Estado neoliberal impuesto por Alberto Fujimori con su nefasta Constitución y seguido a pie juntillas por los siguientes presidentes: Fujimorismo sin Fujimori.

Esta política y sus Convenios han permitido o dañado de forma directa o indirecta los siguientes puntos:

• Han debilitado los estándares ambientales
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• Reducido la tributación de impuestos a favor de las empresas extractivas.
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• La imparcialidad e independencia de la PNP
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• Derecho a la igualdad y no discriminación
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• Violar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas
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• Agrava la conflictividad en los conflictos sociales alrededor de actividades extractivas
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• Imponer los Estados de Emergencia a diestra y siniestra sin real sustento y de forma ilegal

Así nos disertaron Juliana Bravo (abogada colombiana Earht Rights I.), Álvaro Másquez (IDL) y Ángela Montero (UNMSM) el martes 23 en la Universidad San Marcos. Para ver el Informe completo: https://bit.ly/2IJBm5t. Acá les dejo pequeña entrevista a Juliana Bravo y Álvaro Másquez. 

Nota: Tener estos pactos en una nación dominada por la inseguridad y la corrupción a todo nivel, tener a la policía y las políticas públicas casi privatizadas, se debería considerar una traición a Perú. No le basta a la angurria capitalista tener privatizadas la salud y la educación en Perú, ahora quieren también la Seguridad para el que tiene más dinero y el abandono total para las comunidades y pueblos indígenas.