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viernes, 26 de abril de 2019

Traición a Perú: Convenios entre la policía y las empresas extractivas





La minera Las Bambas pagó más de S/. 4 millones (en dólares $1’242,816.25) por tener la policía peruana (PNP) a su servicio del 2015 al 2018. Para colmo, en son de burla y frescura Confiep, estos efectivos que dejan de servir al pueblo peruano mientras trabajan para estas empresas privadas, lo hacen con la dotación de uniformes, armas y accesorios que el Estado les da, o sea con el dinero de todos los peruanos. 


Según un informe de EarthFlights International, IDL y la CNDDHH, de los 138 Convenios solo 6 estipulan que los efectivos deben usar arma particular.


Según esta investigación, la PNP ha cobrado del 2010 al 2018 —por este trabajo llamado “Servicios Policiales Extraordinarios”— más de 45 millones y medio de soles (en dólares son casi $15 millones). El año que más cobró la PNP o dejó se servir a los peruanos fue el 2017, con el lobista y expresidente PPK.  


Este informe ha logrado identificar Convenios suscritos desde el año 1995. Hace más de 20 años existe un marco legal para estos híbridos pactos. Allí está el problema, que los intereses privados sean parte y tengan prioridad en las políticas públicas de Perú. Que se haya institucionalizado el poder del dinero en el interés público, que sea la estrategia de este Estado neoliberal impuesto por Alberto Fujimori con su nefasta Constitución y seguido a pie juntillas por los siguientes presidentes: Fujimorismo sin Fujimori.


Esta política y sus Convenios han permitido o dañado de forma directa o indirecta los siguientes puntos:

  • Han debilitado los estándares ambientales

  • Reducido la tributación de impuestos a favor de las empresas extractivas.

  • La imparcialidad e independencia de la PNP

  • Derecho a la igualdad y no discriminación

  • Violar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas

  • Agrava la conflictividad en los conflictos sociales alrededor de actividades extractivas

  • Imponer los Estados de Emergencia a diestra y siniestra sin real sustento y de forma ilegal


Así nos disertaron Juliana Bravo (abogada colombiana Earht Rights I.), Álvaro Másquez (IDL) y Ángela Montero (UNMSM) el martes 23 en la Universidad San Marcos. Para ver el Informe completo: https://bit.ly/2IJBm5t. Acá les dejo pequeña entrevista a Juliana Bravo y Álvaro Másquez. 



Nota: Tener estos pactos en una nación dominada por la inseguridad y la corrupción a todo nivel, tener a la policía y las políticas públicas casi privatizadas, se debería considerar una traición a Perú. No le basta a la angurria capitalista tener privatizadas la salud y la educación en Perú, ahora quieren también la Seguridad para el que tiene más dinero y el abandono total para las comunidades y pueblos indígenas.  









miércoles, 24 de abril de 2019

500 Comuneros Piden que se Derogue Decreto criminal de Alan García



Alan García, por este decreto o su insania, asesinó a más de 128 personas solo en su 2do Gobierno, por participar en protestas sociales, por excesos policiales o ¡por ejecuciones extrajudiciales! Si sumamos los siguientes Gobiernos, policías y personas que no protestaban, los muertos suman mucho más. 



El decreto 982 dado por Alan García el 2007, q modificó el artículo 200 del código penal, declara inimputables a los policías o integrantes de las Fuerzas Armadas que maten o hieran civiles "en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria".  Este es el real problema, la madre del cordero.



Si tú, en Lima la capital, te sentiste frustrado porque te cayeron palos, perdigones, gases, etc. y te apresaron el tiempo que quisieron; imagínate en el interior de Perú, allí matan solo por protestar y no pasa nada. Es que AG con el 982 desnaturalizó la protesta y la sanción ya que, cualquier acto público q denuncie la violación a los derechos humanos o el atentado contra el medio ambiente, puede ser considerado delito de extorsión.


Es tan alucinante este decreto que pueden dar 25 años de cárcel solo por protestar bloqueando carreteras; sin embargo, lo peor son las muertes impunes recorriendo todo Perú.


Solo en el Gob. de AG asesinaron en Trujillo, Cajamarca, Lima, VRAE, Huancavelica, Puno, Cusco, Apurímac, Ancash, Ayacucho, Tacna, Amazonas, Huánuco, Arequipa, Ucayali; Desde Marcona hasta Andahuaylas y desde Espinar hasta Piura,….  Muertes por la enfermiza intención neoliberal de AG de hacer la camita al gran capital. Vale decir que la criminalización de la protesta social es un proceso que inicia en el Gobierno de Fujimori, su aliado de siempre.



Por todo esto, anteayer las comunidades campesinas -con Gregorio Rojas Paniura a la cabeza- afectadas directamente por la minera Las Bambas: Purmamarca, Huanquiri, Antuyo y Fuerabamba, en conferencia de prensa, pidieron al Gobierno que derogue este decreto 982, que investiguen a jueces y fiscales de Apurímac y proponen una Ley de Amnistía para que terminen los juicios y la persecución contra 500 dirigentes. Acá les dejo un resumen de la conferencia:





NO OLVIDAR: este decreto da origen o agrava los siguientes puntos q sufren sobre todo nuestros hermanos de pueblos originarios:


  • -          Incremento en detenciones arbitrarias y abusos policiales
  • -          Amenazas a la libertad de expresión
  • -          Amenazas a la libertad de asociación
  • -          Seguimiento a dirigentes ambientalistas
  • -          Militarización de los conflictos sociales
  • -          Empleo del concepto de extorsión para reprimir movilizaciones sociales
  • -          Sobrepenalización
  • -          Inhabilitación de autoridades
  • -          Distorsión de la noción de flagrancia
  • -          Extensión de la detención preliminar
  • -          Incomunicación
  • -          Secreto de la investigación