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viernes, 26 de abril de 2019

Traición a Perú: Convenios entre la policía y las empresas extractivas





La minera Las Bambas pagó más de S/. 4 millones (en dólares $1’242,816.25) por tener la policía peruana (PNP) a su servicio del 2015 al 2018. Para colmo, en son de burla y frescura Confiep, estos efectivos que dejan de servir al pueblo peruano mientras trabajan para estas empresas privadas, lo hacen con la dotación de uniformes, armas y accesorios que el Estado les da, o sea con el dinero de todos los peruanos. 


Según un informe de EarthFlights International, IDL y la CNDDHH, de los 138 Convenios solo 6 estipulan que los efectivos deben usar arma particular.


Según esta investigación, la PNP ha cobrado del 2010 al 2018 —por este trabajo llamado “Servicios Policiales Extraordinarios”— más de 45 millones y medio de soles (en dólares son casi $15 millones). El año que más cobró la PNP o dejó se servir a los peruanos fue el 2017, con el lobista y expresidente PPK.  


Este informe ha logrado identificar Convenios suscritos desde el año 1995. Hace más de 20 años existe un marco legal para estos híbridos pactos. Allí está el problema, que los intereses privados sean parte y tengan prioridad en las políticas públicas de Perú. Que se haya institucionalizado el poder del dinero en el interés público, que sea la estrategia de este Estado neoliberal impuesto por Alberto Fujimori con su nefasta Constitución y seguido a pie juntillas por los siguientes presidentes: Fujimorismo sin Fujimori.


Esta política y sus Convenios han permitido o dañado de forma directa o indirecta los siguientes puntos:

  • Han debilitado los estándares ambientales

  • Reducido la tributación de impuestos a favor de las empresas extractivas.

  • La imparcialidad e independencia de la PNP

  • Derecho a la igualdad y no discriminación

  • Violar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas

  • Agrava la conflictividad en los conflictos sociales alrededor de actividades extractivas

  • Imponer los Estados de Emergencia a diestra y siniestra sin real sustento y de forma ilegal


Así nos disertaron Juliana Bravo (abogada colombiana Earht Rights I.), Álvaro Másquez (IDL) y Ángela Montero (UNMSM) el martes 23 en la Universidad San Marcos. Para ver el Informe completo: https://bit.ly/2IJBm5t. Acá les dejo pequeña entrevista a Juliana Bravo y Álvaro Másquez. 



Nota: Tener estos pactos en una nación dominada por la inseguridad y la corrupción a todo nivel, tener a la policía y las políticas públicas casi privatizadas, se debería considerar una traición a Perú. No le basta a la angurria capitalista tener privatizadas la salud y la educación en Perú, ahora quieren también la Seguridad para el que tiene más dinero y el abandono total para las comunidades y pueblos indígenas.  









miércoles, 24 de abril de 2019

500 Comuneros Piden que se Derogue Decreto criminal de Alan García



Alan García, por este decreto o su insania, asesinó a más de 128 personas solo en su 2do Gobierno, por participar en protestas sociales, por excesos policiales o ¡por ejecuciones extrajudiciales! Si sumamos los siguientes Gobiernos, policías y personas que no protestaban, los muertos suman mucho más. 



El decreto 982 dado por Alan García el 2007, q modificó el artículo 200 del código penal, declara inimputables a los policías o integrantes de las Fuerzas Armadas que maten o hieran civiles "en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria".  Este es el real problema, la madre del cordero.



Si tú, en Lima la capital, te sentiste frustrado porque te cayeron palos, perdigones, gases, etc. y te apresaron el tiempo que quisieron; imagínate en el interior de Perú, allí matan solo por protestar y no pasa nada. Es que AG con el 982 desnaturalizó la protesta y la sanción ya que, cualquier acto público q denuncie la violación a los derechos humanos o el atentado contra el medio ambiente, puede ser considerado delito de extorsión.


Es tan alucinante este decreto que pueden dar 25 años de cárcel solo por protestar bloqueando carreteras; sin embargo, lo peor son las muertes impunes recorriendo todo Perú.


Solo en el Gob. de AG asesinaron en Trujillo, Cajamarca, Lima, VRAE, Huancavelica, Puno, Cusco, Apurímac, Ancash, Ayacucho, Tacna, Amazonas, Huánuco, Arequipa, Ucayali; Desde Marcona hasta Andahuaylas y desde Espinar hasta Piura,….  Muertes por la enfermiza intención neoliberal de AG de hacer la camita al gran capital. Vale decir que la criminalización de la protesta social es un proceso que inicia en el Gobierno de Fujimori, su aliado de siempre.



Por todo esto, anteayer las comunidades campesinas -con Gregorio Rojas Paniura a la cabeza- afectadas directamente por la minera Las Bambas: Purmamarca, Huanquiri, Antuyo y Fuerabamba, en conferencia de prensa, pidieron al Gobierno que derogue este decreto 982, que investiguen a jueces y fiscales de Apurímac y proponen una Ley de Amnistía para que terminen los juicios y la persecución contra 500 dirigentes. Acá les dejo un resumen de la conferencia:





NO OLVIDAR: este decreto da origen o agrava los siguientes puntos q sufren sobre todo nuestros hermanos de pueblos originarios:


  • -          Incremento en detenciones arbitrarias y abusos policiales
  • -          Amenazas a la libertad de expresión
  • -          Amenazas a la libertad de asociación
  • -          Seguimiento a dirigentes ambientalistas
  • -          Militarización de los conflictos sociales
  • -          Empleo del concepto de extorsión para reprimir movilizaciones sociales
  • -          Sobrepenalización
  • -          Inhabilitación de autoridades
  • -          Distorsión de la noción de flagrancia
  • -          Extensión de la detención preliminar
  • -          Incomunicación
  • -          Secreto de la investigación




domingo, 21 de abril de 2019

El Jaque Mate a Alan – Denuncia en Hildebrandt


Alan García lo sabía ‘no tenía escapatoria’. Uruguay fue en realidad su última carta. Fugarse para él, después de crear un acto histriónico, era tan fácil como meterse un baile de teteo o como tomarse una cerveza más - seco y volteado:  un show. Una vergüenza para Perú.


Escaparse por los techos, trepando paredes, porque Fujimori lo quería matar a él, a Alan, su creador y aliado per secula seculorum: toda una “tragedia griega”. Aparecer en Colombia, en París, en Madrid…  Circo para el pueblo.


Tentaba para Rey de la Fuga o de Los Intocables; hasta que Uruguay le cerró la puerta en la cara. Lava Jato no pasaba por esa puerta, no entraba en un avión, pesaba demasiado para trepar paredes. Esta vez a AG no lo perseguía Fujimori o un “hermanito” sino la justicia. 



El semanario Hildebrandt En Sus Trece (CH13) ha publicado por qué las puertas se le habían cerrado al Rey de la Impunidad, al rey muerto. CH13 nos cuenta que la bala que lo mató tenía nombre: Jorge Simoes Barata, no solo por lo que ya había cantado sino por lo que se venía.


No solo eran los más de $4 millones depositados por Odebrecht a su amigazo y exsecretario, Luis Nava y a su hijo José Luis Nava, en transferencias bancarias y a través de Miguel Atala, expresidente de Petroperú. Según Barata -Nava y Atala- eran los testaferros de Alan, pero dijo más: Odebrecht había sobornado a Alan con más de $14 millones por el Metro de Lima y la Interoceánica Sur y que, el resto de los fondos negros, fue por medio de las empresas del prófugo Gonzalo Monteverde. 


Acá no acababa la delación, Barata estaba comprometido a cantar toda la verdad (el próx. 23 y 26 de abril en Curitiba) sobre los pagos a los “intermediarios” de Atala, Nava y Monteverde. Iba a confirmar la información, contextualizar cómo fueron los sobornos y aportar más documentos.


El fiscal Domingo Pérez tenía las municiones necesarias para pedir arresto preliminar contra Alan, el acuerdo con Barata justificó los 10 días que pidió. Dadas las circunstancias, según CH13, se entiende como el anticipo de una acusación Penal. Pérez quería evitar que el Rey de las Fugas escape antes de obtener el canto completo de Barata.


REY EN JAQUE


AG sabía que esta vez pesaba demasiado para saltar paredes. La resolución para su detención del juez Sánchez Balbuena, según CH13, recogía las pruebas, testimonios y “la ruta del dinero” proporcionados por Barata. Era primera vez que AG judicialmente estaba implicado de forma directa en sobornos de Odebrecht.


El juez escribe que la concesión del Metro de Lima fue gracias a la concertación ilegal ente AG y Barata y, basado en la investigación del fiscal Pérez, apunta que los sobornos por esta obra alcanzaban los $24 millones y no los 8 millones que creíamos hasta antes de la caída del rey.


Un exdirectivo de Odebrecht y 3 testigos protegidos confirman estos sobornos por la Línea 1 del Metro de Lima. Ellos aseguran que 10 millones fueron para exfuncionarios -como Jorge Cuba Hidalgo- del segundo gobierno aprista; los 14 millones restantes fueron dirigidos para AG.


El fiscal Pérez indica que los presuntos testaferros de AG son papá e hijo Nava, Miguel Atala y su hijo Samir Atala Nemi y el prófugo Gonzalo Monteverde. Según documentación de Odebrecht dada por Barata, los millones que recibió papá Nava (codiname “Chalán”), una parte fueron transferidos a la cta. Offshore de papá Atala “Ammarin Invesment Inc.”, el resto fue en 19 envíos, todos de la “Caja 2” de Odebrecht.


¿Por qué el juez Sánchez apunta que estos sobornos estaban dirigidos a AG? Porque Nava y Atala eran de su círculo más íntimo, pero no tenían ningún poder de decisión sobre las obras Metro de Lima ni el proyecto Interoceánica Sur. Hay q tener en cuenta que la ruta del dinero negro es aún más extensa y eso le falta cantar a Barata.


Los delatores brasileños han confirmado que la red empresarial de Monteverde fue usada por Odebrecht para el desvío de sobornos y pagos ilícitos en Perú y otros países. En el 2007, en el gobierno de AG, las empresas de Monteverde recibieron cerca de $12 millones de compañías del Grupo Odebrecht con trabajos en Perú.


Algo fuerte aún por desentrañar más es sobre, según Barata, la conexión entre Monteverde y los Nava. Transporte Don Reyna, empresa del hijo Nava, no solo daba servicios a Odebrecht sino a las empresas de Monteverde; según Barata ambos grupos lavaban dinero de los sobornos. Transportes Don Reyna cobró casi $18 millones en 5 proyectos de Odebrecht. 


Lo que debe haber puesto los pelos de punta a AG fue que Barata reconoció las coimas alrededor de Transporte Don Reyna como, según CH13, “un eslabón más” de los sobornos relacionados a AG. Entonces, debemos entender que el próximo canto del brasileño sería demoledor.


La fulminante resolución del juez Sánchez apuntaba más perlas relacionadas al Metro de Lima y la Interoceánica Sur y Norte: el 19/02/09 AG viajó a Cusco junto al titular del MTC, Enrique Cornejo y Barata para inaugurar un Tramo de la IRSA Sur. Esa noche, ya en Lima AG, conversó con sus ministros para aprobar un decreto de urgencia encargando la construcción del Metro de Lima al MTC. Después, AG, dio 5 decretos de urgencia más, reforzando así las facultades del MTC sobre los recursos de la obra y restando poder a los fiscalizadores: La Contraloría y al Ositrán. 


A la par, AG designó a Oswaldo Plasencia como director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE). A Plasencia le dio el poder de aprobar adendas de obras y expedientes técnicos sin la necesidad de contar con la opinión de la Contraloría y demás fiscalizadores. Plasencia era antiguo conocido de AG y Cornejo. 


Otro empoderado para esta obra fue Jorge Cuba, Viceministro de Comunicaciones, él nombró al Comité Especial que adjudicó el contrato al consorcio de Odebrecht por $410 millones, la mordida para Cuba fue más de $5 millones. 


Con respecto a la Interoceánica Sur: fue ejecutada con AG de presidente y con él, Odebrecht, multiplicó sus ganancias. Para esto dio 13 adendas y autorizó préstamos y desembolsos que elevó el presupuesto inicial de esta obra en $1,500 millones.

Por toda esta información el juez Sánchez considera AG como la cabeza de una red criminal enclavada en el Estado, con sus peones captadores de dinero  Nava y Atala y a Enrique Cornejo como el que direccionaba las contrataciones del Estado en el MTC.


MI CONCLUSIÓN


Alan García tenía el Jaque Mate encima, la nación que por tradición da asilo político le negó la entrada, los “hermanitos” en el sistema judicial peruano estaban denunciados o expectorados y bajo la lupa de la sociedad y el Congreso naranja aliado anda profundamente desprestigiado. 


AG estaba desesperado y, al parecer, esa desesperación -que lo llevó a la cobardía fatal- se inició el 17 de marzo del 2014, con la detención Alberto Youssef que originó un terremoto en Brasil. Fue el inicio de la pesquisa policial más grande por corrupción en Latinoamérica: el Caso Lava Jato. AG presintiendo lo que se venía necesitaba blindarse, llegar al sillón presidencial era la mejor opción. Tal vez, por eso, al año siguiente, se comió uno de los sapos más desagradables para él: aliarse con su archienemiga Lourdes Flores Nano. Esto es una especulación mía, pero me remito a una de las frases acuñadas por el propio Alan: “En política no existen las coincidencias” .



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